Por Humberto Díaz de los Santos

Acapulco de Juárez, Gro., 10 de julio de 2026.- La sesión extraordinaria del Comité Técnico de Desarrollo Urbano para dictaminar observaciones al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2026 fue interrumpida por la llegada de más de 50 colonos de San Pedro Las Playas, San Isidro Gallinero, Cerro de Piedra, Tres Palos, Tuncingo y Bienes Comunales de Cacahuatepec.

La reunión, encabezada por el Arq. Néstor Mayo Casanova, coordinador del Comité Técnico, y la Arq. Daysi Nieves, directora de Desarrollo Urbano, realizaba en la sala de juntas de la SDUOP con representantes de la Comunidad Politécnica, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Arquitectos, Universidad Loyola y Universidad Hipócrates entre otras

Los pobladores rodearon a los asistentes portando láminas. Al ser abordados por Construnotas señalaron que su presencia era para “solicitar el cambio de uso de suelo” y que acudían “a apoyar a su líder”. Al preguntarles sobre el proyecto, varios desconocían los detalles. Fueron interrumpidos por un operador que pidió esperar a que sus líderes tomaran la palabra.

Un proyecto rechazado que busca revivir

La investigación de fondo revela que el objetivo es destrabar un complejo habitacional que ya fue rechazado por incumplir el PMDU vigente y el Reglamento de Construcciones. El Director Responsable de Obra es el Arq. Javier Morales Bougart, ex titular de la SDUOP, señalado públicamente por su responsabilidad como perito en el complejo Cantaluna, en El Pedregoso, desalojado por orden de Protección Civil e Infonavit tras daños estructurales.

Durante la sesión, Miguel Ángel Piña Garibay, asesor de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sostuvo que el objetivo “no sólo debe ser autorizar el cambio de uso de suelo, sino generar las condiciones para que el proyecto cumpla con las expectativas de crecimiento de Acapulco”. Añadió que este tipo de acciones “pueden impulsar el desarrollo del municipio, siempre que se establezcan las condiciones adecuadas”.

Por su parte, el representante ejidal Conde Nava indicó que el objetivo central es que el Ayuntamiento “apruebe la ampliación del plan regulador para hacer posible el desarrollo habitacional”.

Laguna de Tres Palos: la condicionante ambiental

Conde Nava reconoció que en la reunión surgieron observaciones del Colegio de Arquitectos sobre protección ambiental y saneamiento de la Laguna de Tres Palos. “No vamos a dejar construir a la empresa mientras no tengan construidas primero las plantas para tratar las aguas negras”, afirmó.

El proyecto corresponde a un desarrollo habitacional promovido por una empresa de origen español sobre una superficie de 545 hectáreas.

Conde Nava recordó que la contaminación de la Laguna de Tres Palos se arrastra desde hace años. “De las 21 plantas de tratamiento construidas en la zona, únicamente dos se encuentran en funcionamiento; otras permanecen fuera de servicio y continúan descargando aguas residuales al cuerpo lagunar”, dijo.

«Presión política vs. criterios técnicos»

Conde Nava comentó que al inicio existía oposición de dos integrantes del Colegio de Arquitectos; sin embargo, aseguró que al finalizar manifestaron su disposición a “respaldar el proyecto y continuar el diálogo”. Señaló que, de obtener la autorización del Ayuntamiento para modificar el plan regulador, el desarrollo podría iniciar en tres meses.

El método de llevar decenas de personas a una sesión técnica es una práctica recurrente de presión política. El Comité Técnico no tiene facultades para autorizar cambios de uso de suelo; su función es emitir observaciones técnicas al PMDU. La decisión final recae en Cabildo.

«El riesgo: tierras baratas, alto impacto ecológico»

El proyecto busca adquirir tierra ejidal a bajo costo para un desarrollo de 545 hectáreas colindante con la Laguna de Tres Palos, uno de los cuerpos de agua más deteriorados de Acapulco. Sin infraestructura de saneamiento operando, sin estudio de impacto ambiental público y con antecedentes del DRO en Cantaluna, especialistas consultados advierten que autorizarlo bajo presión representaría un ecocidio.