Por Humberto Díaz de los Santos

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 23 de mayo de 2026.- La remodelación de la carretera Chilpancingo-Petaquillas, con una inversión de 40 millones de pesos, está en el ojo del huracán. El diputado local del PVEM, Jhobanny Jiménez Mendoza, logró que el Congreso aprobara un exhorto para que la SICT explique en un plazo de 10 días las irregularidades detectadas en la obra.
El punto más polémico: la obra fue asignada a una .empresa perteneciente a la ingeniera Rosalba Marcela Pani, actual presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero. Jiménez Mendoza cuestionó que Pani “no ha demostrado contar con la capacidad técnica, el equipo ni el personal necesario” para ejecutar los trabajos.

“Más problemas que beneficios”

Tras recorridos por la zona, el legislador denunció que la remodelación ha generado baches que antes no existían, maquinaria abandonada a los costados de la vía y ausencia de bandereros para orientar a conductores. “Hay riesgo de que cualquier vehículo sufra un percance”, advirtió.

Además, calificó como “excesivo” el monto de 40 mdp para la dimensión de la obra. Por ello, el exhorto no solo pide una respuesta formal al delegado de la SICT, Ricardo Alarcón Abarca, sino la suspensión temporal de los trabajos hasta que se aclare la información.

CMIC bajo la lupa

El señalamiento pega directo a la CMIC Guerrero, pues su presidenta aparece como beneficiaria de una obra federal cuestionada por sobrecosto y mala ejecución. El tema abre el debate sobre conflictos de interés en la asignación de obra pública en el estado.

La propuesta de exhorto fue aprobada por 26 diputadas y diputados durante la sesión ordinaria del Pleno.

Contexto: SICT contra reloj

Con el plazo de 10 días corriendo, la SICT tendrá que responder por qué asignó 40 mdp a una empresa que, según el Congreso, no tiene capacidad técnica. También deberá aclarar si habrá sanciones por los daños a la vía y el riesgo a los automovilistas.

De no frenar la obra, el caso podría escalar a la Auditoría Superior y a la Secretaría de la Función Pública.