Por Humberto Díaz de los Santos

Acapulco de Juárez, Gro., 25 de julio de 2026.- El pasado martes 21 de julio, en instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), el Arq. Humberto Díaz Díaz, expresidente del Colegio de Arquitectos y exdirector de Desarrollo Urbano, fue citado de manera verbal por la Lic. Ramona Morales Guerrero, quien se ostenta como Coordinador y Asesora Financiera del área de Desarrollo Urbano.

Lo acompañaba la Ing. Reyna Mendoza, administradora del Condominio La Joya, ubicado en Playa Icacos, a quienes inspectores a cargo de dicha oficina les notificaron de forma verbal la existencia de una multa de un millón de pesos.

De acuerdo con los afectados, el condominio cuenta con alineamiento oficial, licencia de construcción y licencia de ocupación con pagos en tiempo y forma, por lo que el requerimiento resulta irregular.

Durante la cobertura periodística en dicha oficina, personal que se identificó como secretarias impidió la grabación argumentando el Artículo 1° Constitucional en materia de Derechos Humanos. Posteriormente, la Lic. Ramona Morales solicitó el desalojo del equipo periodístico argumentando que se trataba de un procedimiento de requerimiento privado.

Cabe precisar que la grabación se realizó en una oficina pública, no en un domicilio particular, en ejercicio de la labor periodística.

La propia funcionaria refirió haber sido nombrada por la expresidenta Abelina López Rodríguez para la recaudación de trámites de Desarrollo Urbano.

Sin embargo, el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, reformado el 23 de abril de 2025, establece que los Ayuntamientos nombrarán a propuesta de la Presidencia Municipal a los titulares de áreas como Secretaría, Tesorería y Jefe de Obras Públicas, entre otros. La figura de «Asesora Financiera» no existe en dicho ordenamiento ni en el organigrama oficial de la SDUOP.

Aunado a ello, personal operativo ha presentado quejas ante sus sindicatos al señalar que la asesora incorporó personal proveniente de ZOFEMAT, duplicando funciones de inspección y realizando visitas domiciliarias sin contar con el perfil profesional que exige el Artículo 41 del Reglamento de Construcciones, el cual establece que los jefes de área deben ser Director Responsable de Obra (DRO) o contar con perfil afín.

Desde la redacción vamos hacer un llamado a la titular de la SDUOP La Arq. Sonia Isela Arriaga y a la Contraloría Municipal para que aclaren bajo qué fundamento legal opera dicha oficina y quién faculta la imposición de multas millonarias de manera verbal y sin acta oficial.

Dejamos abierto el derecho de réplica.

¿Multa de 1 MILLÓN DE PESOS de forma verbal y en una oficina que NO existe en el organigrama?