Por Humberto Díaz de los Santos

Acapulco de Juarez, Gro., 17 de julio de 2026.- Un apellido que aparece tanto en la política como en los contratos públicos.

La empresa JOBAMEX IC.V., vinculada a Jaime Badillo Escamilla, hermano del presidente de la JUCOPO del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, recibió un contrato por 267,960 pesos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) mediante adjudicación directa. El contrato ASE-DGAF-DRM-009-2020 fue para servicios de vigilancia a la propia ASE, órgano que fiscaliza el dinero público en Guerrero.

La pregunta es legítima: ¿Por qué la ASE contrata a una empresa cuyo representante legal comparte apellido con uno de los políticos de mayor influencia en el Congreso? ¿Coincidencia o cercanía que debe explicarse?

El otro lado de la moneda

También es legítimo señalar que varios compañeros de prensa hoy atacan con todo a Joaquín Badillo y a Francisco Javier Flores justo después de que, por ajustes de presupuesto, no se renovaron algunos convenios publicitarios con el Congreso.

Sí: hay muchos medios que merecen ser valorados. Todos somos empresas. Todos tenemos derecho a buscar un convenio. Pero la crítica pierde fuerza cuando nace del bolsillo y no del compromiso con la verdad.

Hoy les buscan argumentos: que si fue priista, que si fue lo otro. Escarban el pasado porque el presente ya no les conviene. Y ahí es donde el periodismo se vuelve panfleto.

Congruencia, no chantaje

Joaquín Badillo no oculta su aspiración por Acapulco. Ha pasado por varios partidos hasta llegar a Morena, donde hoy preside la JUCOPO. En ese contexto, es sano preguntar si un apellido debe estar en la política y, al mismo tiempo, en empresas que le venden al gobierno.

La ASE debe ser independiente. El contrato existe. Jaime Badillo Escamilla es representante legal de JOBAMEX. Lo que corresponde es explicar si hubo influencia o si todo fue técnico y transparente.

Porque cuando negocios familiares y recursos públicos se cruzan, las dudas son inevitables. Y quien aspira a gobernar Acapulco debería ser el primero en despejarlas.

Pero también: quien ejerce el periodismo debería ser el primero en separar la crítica del ajuste de cuentas. Si el problema es el contrato, que se audite. Si el problema es que ya no hay convenio, que se diga. No usemos la libertad de expresión como factura pendiente.

Guerrero necesita crítica, no berrinches

La crítica construye. El chantaje destruye. A Guerrero le urge vigilancia real, transparencia y medios responsables. No más micrófonos al servicio del resentimiento comercial.