Por Francisco Javier Flores V.

Las acciones violentas cometidas por personas que dicen ser estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en contra de edificios e instalaciones públicas o gubernamentales deben verse y nombrarse como lo que son.

Se trata de delitos tipificado en los codigos federal y estatal de procedimientos penales que tienen que ser investigados y castigados conforme a la ley.

El tema ya rebasa o rebasó desde hace mucho los límites de la lucha social para incluso encuadrarse en actos terroristas que afectan a cientos o quizá miles de ciudadanos y atentan contra la paz social.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha mantenido una actitud conciliadora y antepuesto el diálogo para resolver conflictos, y está bien, se entiende en un gobierno que rechaza la represión y respeta a los movimientos sociales.

Sin embargo lo de los ayotzinapos va mucho más allá. Es gente que con el pretexto de protestar por hechos que ellos mismos provocan, incendian edificios, roban, saquean y secuestran vehículos, atacan vías de comunicación, generan sicosis y han llegado al grado de atacar a la población indefensa y eso ya no se puede ni debe tolerar.

Se debe aplicar la ley a ellos, y a quienes evidentemente están detrás de todo ese claro afán de desestabilizar y generar un clima de ingobernabilidad en Guerrero.